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La práctica totalidad de CCAA de régimen común están frenando las rebajas fiscales que aprobaron en ejercicios pasados, según advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su último informe. La única excepción es Madrid, que sigue aumentando sus reducciones fiscales. Las cifras aportadas por la Airef son las siguientes: en el periodo 2026-2030, las medidas fiscales permanentes adoptadas por las CCAA supondrán una pérdida de recaudación de unos 1.150 millones, frente a los 1.409 millones que se renunció a ingresar en el periodo anterior. El impuesto que sigue concentrando en el 2026 las mayores rebajas es el IRPF, en su tramo autonómico, que, no obstante, ha aumentado su recaudación en casi todos los territorios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo aclarará si este valor que establece el Catastro y sirve de base para pagar el ITP y el ISD puede sustituirse por el que establezca un informe pericial individualizado del inmueble. El alto tribunal, en un auto del 29 de abril, admite el recurso de la Hacienda autonómica canaria contra la sentencia del TSJ de Canarias que respaldó el informe pericial solicitado por un contribuyente que adquirió un inmueble para impugnar el valor de referencia del Catastro. El Supremo admite la cuestión ante la falta de jurisprudencia sobre el tema y la gran cantidad de situaciones a las que afecta.

Así lo establece el TS en una sentencia en la que corrige la interpretación restrictiva que venía aplicando el SEPE para quienes deciden abandonar las listas del paro para incorporarse al negocio de un familiar. Los magistrados explican que la ley busca el fomento del autoempleo y recuerdan que no existe ninguna exclusión legal expresa que impida a un familiar colaborador acceder a esta modalidad de cobro de la prestación. Hasta ahora, la doctrina judicial sobre este asunto era contradictoria. Esta nueva sentencia unifica la doctrina y establece que el espíritu de la norma es facilitar que el desempleado se incorpore al mercado laboral, sin que el parentesco con el titular del negocio deba ser un obstáculo.

En el caso en concreto, la empresa rechazó la propuesta de la trabajadora al considerarla “inviable”, pero a continuación le propuso una negociación de distintas alternativas. Esa negociación no se produjo por causa no imputable a la empresa y la gerocultora acudió a la vía judicial. Pues bien, el TSJ de Cantabria pone el foco en ese ofrecimiento y explica que el ET reconoce el derecho de estos a “adaptar la duración y distribución de la jornada” para “hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y personal”, pero añade que ese derecho “está sometido al proceso de negociación”. Así, en el caso enjuiciado, la empresa manifestó su voluntad de abrir la negociación. El tribunal señala que ofreció “una alternativa real más allá de una respuesta genérica y manifestó la voluntad de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes”.