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El empresario o profesional que no atienda en tiempo y forma correcta la reclamación de un consumidor para acudir a la mediación extrajudicial y le obligue a acudir a los tribunales con abogado y procurador, será condenado en costas por conducta temeraria. Así, se establece el anteproyecto de Ley de Mediación, que actualmente ultima el Ministerio de Justicia, que modificará el apartado 5 del artículo 32 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). El plazo para que el empresario o el profesional ofrezcan una respuesta motivada de su falta de atención a la solicitud es de 60 días, desde el momento en que el consumidor realiza su reclamación por escrito.

La justicia de nuevo ha resuelto un caso relativo a las prestaciones de alimentos que, establecidas a favor de los hijos en un proceso de separación de hecho o divorcio, continúan abonándose cuando los hijos beneficiarios han alcanzado la mayoría de edad. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Granada da la razón a un padre y declara extinguida la pensión de alimentos que venía abonando a su hija, de 27 años cuando se interpuso la demanda de modificación de medidas, y que al momento de la sentencia ya contaba con 31 años de edad. Aunque aún convivía con la madre, la Sala señala que la hija había alcanzado ya una edad en la que había concluido sus estudios y le era posible acceder al mercado laboral y atender a sus propias necesidades. En dicha situación debe entenderse que la pensión de alimentos carece de justificación.

Si finalmente los textos se aprueban tal y como están previstos podrían asestar un golpe mortal al negocio de Uber y Cabify, según señalan distintas fuentes conocedoras. El punto más duro sería la imposición de un tiempo mínimo de precontratación del servicio, que podría estar en las 6 horas. Igualmente, el texto apunta que los coches VTC tendrán que registrarse en un servicio habilitado por el AMB y que deberán llevar los equipos necesarios para mantenerse conectados con dicho registro para vigilar los servicios contratados. El documento añade que la prestación de servicios sin esa inscripción comportará una infracción tipificada como muy grave

El número de autónomos ha aumentado un 1,6% a cierre de 2018, tras registrar un incremento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de 49.986 trabajadores por cuenta propia, cinco veces más que en 2017 y casi el doble que en 2016, por lo que la cifra total de estos trabajadores se ha situado en 3.254.663 personas, según el informe de evolución de autónomos de ATA. Destacan los incrementos registrados en Canarias (4,3%), Madrid y Baleares (+3,2% en ambos) y Andalucía (+3,1%). Un total de cuatro comunidades han perdido autónomos en 2018: Castilla y León, Galicia, Asturias y Aragón.