Notícias recientes

El TS avala el nuevo sistema de autoliquidación rectificativa, al establecer que Hacienda puede sustituir el procedimiento tradicional de corrección de impuestos sin quebrar la reserva de ley, sin que sea necesaria una ley específica para cada impuesto, aprobada por el Parlamento. El ponente determina que la gestión tributaria admite una colaboración reglamentaria subordinada cuando la norma legal define los criterios esenciales. Por ello, considera que resulta conforme a la Constitución implantar este cauce en el IRPF, Sociedades, IVA, Impuestos Especiales y Gases Fluorados sin exceso reglamentario. No obstante, la Sala precisa que el procedimiento tradicional pervive cuando el motivo alegado sea la vulneración de normas de rango superior. En su demanda, la AEDAF alertaba de que este mecanismo expondría a los obligados tributarios a graves riesgos punitivos, al transformar una discrepancia jurídica razonada en una obtención indebida de devoluciones susceptible de ser sancionada si la Administración rechazaba el criterio defendido tras una posterior comprobación.

Según los últimos datos del Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían presentado solicitudes por valor de 305,6 millones de euros entre los particulares; y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Fuentes del sector consultadas estiman que los fondos del Auto+ se acabarían en la semana de las elecciones generales, un mes antes de lo estipulado en el BOE, que marca el 31-12-26 como el final del Auto+. De no haber cambio de Gobierno tras la cita electoral del 29N, en Industria dan por descontado que las ayudas al eléctrico continuarían en los próximos ejercicios.

Así lo determina la Sala de lo Social del TSJ de Canarias en un conflicto colectivo que presentó la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo contra la empresa Atlántica de Handling SLU. El litigio se centraba en el art. 53.13 del IV Convenio colectivo de la empresa, que regula el permiso para acudir al médico. La empresa sostenía que el permiso solo cubría las consultas del sistema público de salud, porque si se admitiera la medicina privada “podría usarse abusivamente”. A juicio del tribunal, “el hecho de no prestar servicios en el sistema público de salud no incide en las capacidades profesionales de la persona facultativa”, que puede igualmente “atender, diagnosticar, prescribir medicación o, en su caso tratamiento”. Por ello concluye que la finalidad del permiso “queda igualmente colmada con persona facultativa pública o privada. No hay diferencia práctica”.

Esta compensación no debe computarse para efectuar el cálculo del límite de 250.000 euros anuales de ingresos que supone la exclusión del método de estimación objetiva en el IRPF. La ponente determina que la compensación agraria no es un rendimiento de la actividad, sino un mecanismo tributario para resarcir el impuesto soportado que no resulta deducible y así garantizar la neutralidad del sistema. Es simplemente la vía para devolverle el impuesto soportado y preservar el principio de neutralidad tributaria, razona la magistrada.

Sin embargo, el Tribunal Supremo acaba de recordar que, en ciertas situaciones, sí pueden contar para decidir si una empresa está obligada a tramitar un expediente de regulación de empleo (ERE). En resumen, la sentencia señala que una empresa no puede evitar un ERE simplemente porque los trabajadores salgan de la empresa por vías distintas al despido. Lo relevante es que exista una reducción de plantilla que supere los límites legales, ya que en ese caso deben aplicarse las garantías propias del despido colectivo. Para determinarlo, los tribunales pueden tener en cuenta distintos tipos de extinciones de contrato, aunque no todas sean formalmente despidos.

El TS dictamina que la Seguridad Social no puede sancionar con la pérdida del subsidio a las trabajadoras por cuenta propia que pasaban de la cotización mínima a la máxima antes del parto, hasta que entró en vigor el nuevo sistema de cotización para autónomos regulado por el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, que liga la cotización a los ingresos. Por ello, el Alto Tribunal desestima el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y confirma la anulación de la sanción impuesta a una afiliada que elevó su cuota al máximo pocos meses antes de dar a luz.

El incremento de bajas médicas por enfermedad o lesiones centra las preocupaciones de los empresarios de todo el país y ya es el primer tema que ponen sobre la mesa al negociar un convenio colectivo. Así, los acuerdos sobre subidas salariales, u otros aspectos, se encuentran condicionados a cesiones por parte de los trabajadores en materia de incapacidad temporal, como limitar el tiempo durante el que se percibe el complemento con el que las empresas completan la prestación de Seguridad Social por la baja. La normativa diferencia entre los procesos de IT con origen laboral y los que no lo tienen, en las que se centra el problema de gasto. Hasta ahora era habitual que los pactos sociales complementaran el abono por parte de la Seguridad Social hasta igualar su salario habitual. Este aparece recortado en varios convenios colectivos publicados a lo largo del año, en los que se establece que las empresas solo van a cubrir un porcentaje adicional de su salario durante los primeros 100 días de baja, o incluso durante un periodo inferior.

El Gobierno aprobará este martes una nueva vía de acceso a la pensión de viudedad dirigida a las parejas con hijos que convivían de forma estable, pero que quedaron excluidas de esta prestación por no estar casadas ni registradas oficialmente como pareja de hecho. El decreto ley establecerá un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor para que los afectados pueda solicitar el reconocimiento de la pensión. Plantea mejorar la cobertura de la incapacidad temporal para las mujeres afectadas por enfermedades asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género. El paquete también contempla reforzar la prestación por cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves.