Apenas seis meses después de entrar en concurso voluntario, el despacho especializado en reclamaciones en defensa de los consumidores frente a grandes empresas y administraciones ha solicitado este trámite al magistrado de la plaza número 9 de la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid. La crítica situación financiera de Reclamador está relacionada con el parón del tráfico aéreo durante el Covid-19, que ha penalizado el flujo de entrada de nuevos casos. A esta situación se une la lentitud del sistema judicial español. Dado que su modelo de negocio se basa en el cobro de una comisión al finalizar con éxito la reclamación, los tiempos de espera en los juzgados castigan la capacidad de la empresa para monetizar su cartera de casos activos.